La "negativa ficta" es una figura jurídica relevante en el ámbito fiscal que se activa cuando la autoridad competente no responde a una solicitud dentro del plazo establecido.
La “negativa ficta” es una figura jurídica que se activa cuando la autoridad fiscal no responde a una solicitud dentro del plazo establecido. En tal caso, se entiende que la respuesta es negativa.
El artículo 8 de nuestra carta magna, reconoce el derecho de petición, como una garantía fundamental del ciudadano, ya que garantiza que las autoridades contesten o emitan acuerdos escritos en respuesta a las peticiones que les sean formuladas por escrito y en forma respetuosa.
Pues bien, no obstante y que la Constitución garantiza a los ciudadanos que debe recaer un acuerdo escrito a toda petición que éstos formulen ante las autoridades, existe en materia fiscal una figura llamada “negativa ficta”, que consiste en el silencio de la autoridad a la petición realizada por el gobernado.
Esto normalmente puede suceder por:
Esta omisión es la NO respuesta de la autoridad.
El plazo general para que opere la negativa ficta es de tres meses a partir de la presentación de la solicitud de devolución, entendiéndose que se resuelve en sentido negativo.
En ese sentido, el Código Fiscal de la Federación establece la figura de la “negativa ficta”, y permite al contribuyente interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución.
Es importante señalar, que aún cuando la autoridad fiscal omita resolver la petición realizada por el particular, en De Fiscal recomendamos1 la presentación de los medios de defensa correspondientes, por ejemplo, del Juicio Contencioso Administrativo para impugnar el silencio administrativo por parte de la autoridad fiscal.
1 Se recomienda a los contribuyentes estar bien informados y considerar la asesoría fiscal para asegurar el éxito en este tipo de casos.
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Estos términos clave determinan la validez y exigibilidad de los créditos fiscales y son esenciales para comprender los límites temporales y los derechos tanto de las autoridades como de los contribuyentes.
Este decreto entró en vigor el 8 de junio de 2024, el cual vuelve obligatorio el uso de este medio electrónico, el Buzón IMSS.
Implicaciones legales y fiscales de jurisprudencia de aplicación obligatoria a partir del viernes 19 de abril de 2024.
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